Un Estado dinámico y flexible

Como ya comenzaba a indicar en el artículo anterior, La Constitución de 1978, un proyecto exitoso pero caduco, puede que España necesite dotarse de un nuevo marco político-legal para reforzar la convivencia y dinamizar la vida política, que en la actualidad vive con varios asuntos enquistados sobre los que siempre se acaba volviendo en lugar de remar todos juntos para realizar grandes proyectos que hagan de esta tierra un mejor lugar en el que vivir.

Este nuevo marco político-legal debería basarse en un nuevo modelo de Estado, un Estado dinámico y flexible, en el que todos los proyectos no violentos puedan realizarse, evitando de esta forma la frustración de los distintos segmentos sociales y el empantanamiento de la vida política. Aquí entran temas tabú como los referéndumes de autodeterminación, los referéndumes sobre la monarquía y la república o inclusive un proyecto de unificación ibérica o europea.

Quizás un buen modelo de Estado punto de partida sea una monarquía federal, donde las comunidades autónomas pasen a ser substituidas por las naciones, en las que se basan los diferentes estados federados, que, en su unión voluntaria, forman el Reino de España. La regla de oro para este nuevo modelo sería que todos los estados federados tendrían que tener las mismas competencias y las mismas fuentes de financiación y que ningún estado federado podría ampliar o reducir sus competencias independientemente del resto, pues deberá de mantener la igualdad de dependencia/independencia de cada Estado federado respecto al Estado federal para evitar las desigualdades y los conflictos que hemos sufrido en España durante las últimas décadas. Sin embargo, ha de existir el derecho de que cada Estado federado pueda convocar un referéndum de autodeterminación y, en caso de que su población se manifieste claramente a favor de dicha independencia, el Estado en cuestión abandone España y pase a formar un Estado independiente. Debería ser imprescindible también el compromiso de honor por la parte española de que ésta no le bloqueará el ingreso a ninguna organización internacional en la que España forma parte y que, por causa del proceso de independencia, el estado independizado se haya visto excluido.

Atendiendo a las diferentes realidades históricas, geográficas, sociales y económicas, las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Valenciano y País Vasco podrían estar en condiciones de pasar a ser Estados federados y naciones constituyentes de la España federal mientras Ceuta y Melilla seguirían siendo ciudades autónomas. Por otro lado, las demás comunidades autónomas podrían sufrir alguna modificación para crear una entidad con más carácter nacional, tales modificaciones erradicarían tanto en la unión de autonomias (como la madrileña con la castellano-manchega) como en la división de las mismas (como la posible disolución de Castilla y León para dar paso a los hipotéticos Estados federados de Castilla y de León). El mapa de la España resultante podría ser similar al siguiente:

Posteriormente al cambio del modelo de Estado, sería deseable mantener vivo el dinamismo y la flexibilidad para permitir a España y a los españoles ir reinventándonos a lo largo del tiempo para actualizar nuestro compromiso y nuestro proyecto común, recobrando la ilusión y la fuerza para hacer de esta tierra un gran lugar, lleno de progreso, libertad y bienestar. Dejando abiertas las puertas a Portugal, que podría integrarse como un Estado federal más dentro de España, dejando también la posibilidad de abolir la monarquía e instaurar la república o de que varios Estados federados consulten a su pueblo la conveniencia de unirse con otro Estado federado (por ejemplo, unir León y Castilla, Cantabria y Castilla, Baleares y Cataluña, Navarra y País Vasco, Ceuta y Melilla...). Enterrando para siempre la España que se impone por la fuerza para dar paso a la España que vence y convence. Porque el proyecto de España tiene una gran historia, pero también tiene un futuro glorioso si acepta las diferencias existentes entre los pueblos de España y las considera una riqueza y no un laste, y si considera a los diferentes pueblos de España como iguales y mayores de edad y no como niños a los que ha de tutelar y mandar sin derecho a réplica. Una España flexible, adulta, realista y con proyecto. Esa es la España que queremos los que nos sentimos, aunque sea mínimamente, españoles, y la España que también desean aquellos que anhelan la independencia de su pueblo, porque les permitirá intentar realizar su proyecto político de una forma ordenada, libre y civilizada. Como los adultos que somos.

La Constitución de 1978, un proyecto exitoso pero caduco

La Constitución Española de 1978 fue un gran pacto creado por la inmensa mayoría del pueblo español. Redactada primero por grandes líderes políticos con muy diferentes ideologías (desde Manuel Fraga, exministro de Franco, hasta Santiago Carrillo, líder comunista exiliado) y refrendada posteriormente con un gran apoyo popular, permitió pasar de la dictadura franquista a la democracia de una forma bastante ordenada y pacífica. Ese fue su gran objetivo, y fue un objetivo cumplido. Sin embargo, el hecho que haya sido un proyecto exitoso no implica que deba sacralizarse y mantenerse eternamente.

Treinta años después y con un sistema democrático asentado de una forma bastante similar al del resto de los estados de Occidente (cosa que no quiere decir que tengamos la democracia perfecta y que todo nuestro sistema sea plenamente democrático), nos encontramos con unos problemas de diferente índole que perjudican de una forma importante al país. Ya no se teme un involucionismo totalitario que reinstaure el franquismo en España. Ya no se teme el inicio de una nueva Guerra Civil. Ya no se mira con envidia y complejos al otro lado de los Pirineos. Los problemas a los que se enfrentaba la España post-franquista no son los mismos a los que se enfrenta el país en los albores del siglo XXI y es en parte gracias a la Constitución de 1978, que estableció un marco político y legal que ha permitido a España vivir en democracia, desarrollarse económica y socialmente e integrarse en la Unión Europea y en el mundo occidental.

Ahora, solucionados los problemas de atraso económico y social respecto a nuestros vecinos, uno de los principales temas conflictivo es el territorial, lo que es una constante a lo largo de toda la historia de España. Y en esto la Constitución ha quedado anticuada y es más un problema que una solución, ya que concibe un modelo territorial similar al federal pero sin llamarlo de esa forma para contentar tanto a los sectores más autonomistas como a los sectores cercanos a la órbita falangista. En base a esta indefinición y al reconocimiento de diferentes formas de autonomía para las diferentes regiones, se ha configurado un mapa territorial que conlleva una gran problemática ya que no contenta a nadie y su ambigüedad permite lecturas muy diferentes que abarcan des de la consideración de España como un “estado plurinacional” hasta la lectura de que el nombrar a una comunidad autónoma como nación en su Estatuto es motivo de inconstitucionalidad o de que las políticas de protección de las lenguas que no sean el castellano (como la inmersión lingüística en Catalunya) también es algo inconstitucional.

Además de la ambigüedad de nuestra Carta Magna, hay que remarcar la desigualdad de trato que establece entre las diferentes autonomías, dado que lejos de consagrar la igualdad de todos los españoles, postura defendida los sectores más inmovilistas y españolistas de nuestra sociedad, a País Vasco y a Navarra se les concede un régimen foral que no se permite a ninguna otra comunidad autónoma española, reconociendo de esta manera unos derechos históricos y una independencia económica para sus gobiernos autonómicos inexistente en el resto de España. Este hecho añade al complicado tema territorial los siempre conflictivos agravios comparativos, pues que Navarra y País Vasco (dos de las regiones más desarrolladas económicamente) tengan un sistema fiscal a parte hace que el peso de las políticas de nivelación autonómicas pasen a ser pagadas casi en exclusiva por Catalunya, Baleares, Valencia y Madrid, lo que es motivo de asfixia, mientras que las comunidades forales, tanto o mas ricas que las citadas anteriormente, disfrutan de sus excedentes.

De aquí que se presente la necesidad de reforma o de redacción de una nueva Constitución para España.