La Constitución Española de 1978 fue un gran pacto creado por la inmensa mayoría del pueblo español. Redactada primero por grandes líderes políticos con muy diferentes ideologías (desde Manuel Fraga, exministro de Franco, hasta Santiago Carrillo, líder comunista exiliado) y refrendada posteriormente con un gran apoyo popular, permitió pasar de la dictadura franquista a la democracia de una forma bastante ordenada y pacífica. Ese fue su gran objetivo, y fue un objetivo cumplido. Sin embargo, el hecho que haya sido un proyecto exitoso no implica que deba sacralizarse y mantenerse eternamente.
Treinta años después y con un sistema democrático asentado de una forma bastante similar al del resto de los estados de Occidente (cosa que no quiere decir que tengamos la democracia perfecta y que todo nuestro sistema sea plenamente democrático), nos encontramos con unos problemas de diferente índole que perjudican de una forma importante al país. Ya no se teme un involucionismo totalitario que reinstaure el franquismo en España. Ya no se teme el inicio de una nueva Guerra Civil. Ya no se mira con envidia y complejos al otro lado de los Pirineos. Los problemas a los que se enfrentaba la España post-franquista no son los mismos a los que se enfrenta el país en los albores del siglo XXI y es en parte gracias a la Constitución de 1978, que estableció un marco político y legal que ha permitido a España vivir en democracia, desarrollarse económica y socialmente e integrarse en la Unión Europea y en el mundo occidental.
Ahora, solucionados los problemas de atraso económico y social respecto a nuestros vecinos, uno de los principales temas conflictivo es el territorial, lo que es una constante a lo largo de toda la historia de España. Y en esto la Constitución ha quedado anticuada y es más un problema que una solución, ya que concibe un modelo territorial similar al federal pero sin llamarlo de esa forma para contentar tanto a los sectores más autonomistas como a los sectores cercanos a la órbita falangista. En base a esta indefinición y al reconocimiento de diferentes formas de autonomía para las diferentes regiones, se ha configurado un mapa territorial que conlleva una gran problemática ya que no contenta a nadie y su ambigüedad permite lecturas muy diferentes que abarcan des de la consideración de España como un “estado plurinacional” hasta la lectura de que el nombrar a una comunidad autónoma como nación en su Estatuto es motivo de inconstitucionalidad o de que las políticas de protección de las lenguas que no sean el castellano (como la inmersión lingüística en Catalunya) también es algo inconstitucional.
Además de la ambigüedad de nuestra Carta Magna, hay que remarcar la desigualdad de trato que establece entre las diferentes autonomías, dado que lejos de consagrar la igualdad de todos los españoles, postura defendida los sectores más inmovilistas y españolistas de nuestra sociedad, a País Vasco y a Navarra se les concede un régimen foral que no se permite a ninguna otra comunidad autónoma española, reconociendo de esta manera unos derechos históricos y una independencia económica para sus gobiernos autonómicos inexistente en el resto de España. Este hecho añade al complicado tema territorial los siempre conflictivos agravios comparativos, pues que Navarra y País Vasco (dos de las regiones más desarrolladas económicamente) tengan un sistema fiscal a parte hace que el peso de las políticas de nivelación autonómicas pasen a ser pagadas casi en exclusiva por Catalunya, Baleares, Valencia y Madrid, lo que es motivo de asfixia, mientras que las comunidades forales, tanto o mas ricas que las citadas anteriormente, disfrutan de sus excedentes.
De aquí que se presente la necesidad de reforma o de redacción de una nueva Constitución para España.
Treinta años después y con un sistema democrático asentado de una forma bastante similar al del resto de los estados de Occidente (cosa que no quiere decir que tengamos la democracia perfecta y que todo nuestro sistema sea plenamente democrático), nos encontramos con unos problemas de diferente índole que perjudican de una forma importante al país. Ya no se teme un involucionismo totalitario que reinstaure el franquismo en España. Ya no se teme el inicio de una nueva Guerra Civil. Ya no se mira con envidia y complejos al otro lado de los Pirineos. Los problemas a los que se enfrentaba la España post-franquista no son los mismos a los que se enfrenta el país en los albores del siglo XXI y es en parte gracias a la Constitución de 1978, que estableció un marco político y legal que ha permitido a España vivir en democracia, desarrollarse económica y socialmente e integrarse en la Unión Europea y en el mundo occidental.
Ahora, solucionados los problemas de atraso económico y social respecto a nuestros vecinos, uno de los principales temas conflictivo es el territorial, lo que es una constante a lo largo de toda la historia de España. Y en esto la Constitución ha quedado anticuada y es más un problema que una solución, ya que concibe un modelo territorial similar al federal pero sin llamarlo de esa forma para contentar tanto a los sectores más autonomistas como a los sectores cercanos a la órbita falangista. En base a esta indefinición y al reconocimiento de diferentes formas de autonomía para las diferentes regiones, se ha configurado un mapa territorial que conlleva una gran problemática ya que no contenta a nadie y su ambigüedad permite lecturas muy diferentes que abarcan des de la consideración de España como un “estado plurinacional” hasta la lectura de que el nombrar a una comunidad autónoma como nación en su Estatuto es motivo de inconstitucionalidad o de que las políticas de protección de las lenguas que no sean el castellano (como la inmersión lingüística en Catalunya) también es algo inconstitucional.
Además de la ambigüedad de nuestra Carta Magna, hay que remarcar la desigualdad de trato que establece entre las diferentes autonomías, dado que lejos de consagrar la igualdad de todos los españoles, postura defendida los sectores más inmovilistas y españolistas de nuestra sociedad, a País Vasco y a Navarra se les concede un régimen foral que no se permite a ninguna otra comunidad autónoma española, reconociendo de esta manera unos derechos históricos y una independencia económica para sus gobiernos autonómicos inexistente en el resto de España. Este hecho añade al complicado tema territorial los siempre conflictivos agravios comparativos, pues que Navarra y País Vasco (dos de las regiones más desarrolladas económicamente) tengan un sistema fiscal a parte hace que el peso de las políticas de nivelación autonómicas pasen a ser pagadas casi en exclusiva por Catalunya, Baleares, Valencia y Madrid, lo que es motivo de asfixia, mientras que las comunidades forales, tanto o mas ricas que las citadas anteriormente, disfrutan de sus excedentes.
De aquí que se presente la necesidad de reforma o de redacción de una nueva Constitución para España.
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