Ante la crisis, muchos actores sociales y políticos, así como millones de ciudadanos, se preguntan el por qué no subir los impuestos a las rentas del capital, a los beneficios empresariales y a las rentas del trabajo que estén muy por encima de la media. Dando un primer vistazo, nos encontramos con la falta de voluntad política, que es el único motivo vislumbrado por la mayor parte de la opinión pública, pero aunque es cierto (no me imagino a Merkel, Berlusconi o Sarkozy subiendo los impuestos a “los ricos”) no es menos cierto que, en el caso de que lo quisieran hacer, quizás no obtuviesen los resultados deseados.
Por todos es sabido que vivimos en un momento donde la “libertad” es un valor irrenunciable (aunque en la práctica esta libertad se reduce al movimiento libre de capitales y poco más, porque cada vez hay menos libertad para el ciudadano de a pié: controles ¿anti-terroristas? en aeropuertos, estaciones de tren… más papeleo para entrar a determinados países, etc.). Es gracias a esta “libertad” que las empresas tienen todo el poder para chantajear a gobiernos y, en caso que el gobierno no quiera ceder, también tienen todo el derecho a exiliarse del país manteniendo en el mismo la actividad económica: es decir, seguir ganando dinero en el país pero sin pagar los impuestos en ese país. Si en España Zapatero, en lugar de haber bajado el 5% el sueldo a los funcionarios, hubiese decidido que el impuesto sobre sociedades pasase de un tipo general del 30% al 35% a otro del 40% al 50%, todas las grandes y medianas empresas habrían seguido trabajando en España, pero muy probablemente hubiesen trasladado su sede social a otro estado X (pongamos que en el estado X se paga el 10% de los beneficios) y dejaría de pagar el impuesto por beneficios en España para pagarlo en el país X, por tanto los españoles ya no es que no recaudásemos la diferencia entre el 50% y el 30% (la subida de impuesto) si no que directamente perderíamos ese 30% de beneficios que hasta el momento la empresa tributaba en España. Con las inversiones y los depósitos bancarios, lo mismo, pasarían de hacerse en España a hacerse en Luxemburgo, Suiza o donde hiciese falta y, otra vez, ya no es que no ganaríamos los ingresos correspondientes a la subida del impuesto, si no que perderíamos lo que estábamos ingresando hasta el momento.
Por tanto, subir la presión fiscal es muy complicado con la actual estructura legal e institucional, así que si al reducido éxito de un aumento de la presión fiscal en “los ricos” (a “los pobres” si que se le pueden subir los impuestos, como el IVA, pues estos no tienen la capacidad de utilizar la ingeniería financiera, etc.) le añadimos la falta de voluntad política, tenemos como resultado las actuales rebajas fiscales (y las pasadas también) y la reducción del gasto público con aumento de la deuda pública como solución ante las crisis (y en tiempos de bonanza para “mejorar la eficiencia” del sector público). En consecuencia, lo que hace falta es cambiar la legislación vigente y dejar de sacralizar la “libertad” sustituyéndola por la sacralización de la justicia, la solidaridad y la responsabilidad.
Una vez más, nos encontramos con las consecuencias de la no unión política de Europa, pues si en un mercado no hay estado, además de inestabilidad, aparece la tiranía del más poderoso y la polarización entre ricos y pobres en detrimento de la gran clase media. Todo justo lo contrario de lo que pasó en los años 50 y 60 en la Europa comunitaria. Necesitamos un estado federal europeo, con un estado del bienestar básico para todos los ciudadanos y con una presión fiscal mínima garantizada en todo el territorio europeo (y que sea suficiente para mantener unos niveles adecuados de protección social). Mientras que no tengamos una Europa federal, seguiremos igualándonos a la baja. Sólo hace falta decir basta.
Por todos es sabido que vivimos en un momento donde la “libertad” es un valor irrenunciable (aunque en la práctica esta libertad se reduce al movimiento libre de capitales y poco más, porque cada vez hay menos libertad para el ciudadano de a pié: controles ¿anti-terroristas? en aeropuertos, estaciones de tren… más papeleo para entrar a determinados países, etc.). Es gracias a esta “libertad” que las empresas tienen todo el poder para chantajear a gobiernos y, en caso que el gobierno no quiera ceder, también tienen todo el derecho a exiliarse del país manteniendo en el mismo la actividad económica: es decir, seguir ganando dinero en el país pero sin pagar los impuestos en ese país. Si en España Zapatero, en lugar de haber bajado el 5% el sueldo a los funcionarios, hubiese decidido que el impuesto sobre sociedades pasase de un tipo general del 30% al 35% a otro del 40% al 50%, todas las grandes y medianas empresas habrían seguido trabajando en España, pero muy probablemente hubiesen trasladado su sede social a otro estado X (pongamos que en el estado X se paga el 10% de los beneficios) y dejaría de pagar el impuesto por beneficios en España para pagarlo en el país X, por tanto los españoles ya no es que no recaudásemos la diferencia entre el 50% y el 30% (la subida de impuesto) si no que directamente perderíamos ese 30% de beneficios que hasta el momento la empresa tributaba en España. Con las inversiones y los depósitos bancarios, lo mismo, pasarían de hacerse en España a hacerse en Luxemburgo, Suiza o donde hiciese falta y, otra vez, ya no es que no ganaríamos los ingresos correspondientes a la subida del impuesto, si no que perderíamos lo que estábamos ingresando hasta el momento.
Por tanto, subir la presión fiscal es muy complicado con la actual estructura legal e institucional, así que si al reducido éxito de un aumento de la presión fiscal en “los ricos” (a “los pobres” si que se le pueden subir los impuestos, como el IVA, pues estos no tienen la capacidad de utilizar la ingeniería financiera, etc.) le añadimos la falta de voluntad política, tenemos como resultado las actuales rebajas fiscales (y las pasadas también) y la reducción del gasto público con aumento de la deuda pública como solución ante las crisis (y en tiempos de bonanza para “mejorar la eficiencia” del sector público). En consecuencia, lo que hace falta es cambiar la legislación vigente y dejar de sacralizar la “libertad” sustituyéndola por la sacralización de la justicia, la solidaridad y la responsabilidad.
Una vez más, nos encontramos con las consecuencias de la no unión política de Europa, pues si en un mercado no hay estado, además de inestabilidad, aparece la tiranía del más poderoso y la polarización entre ricos y pobres en detrimento de la gran clase media. Todo justo lo contrario de lo que pasó en los años 50 y 60 en la Europa comunitaria. Necesitamos un estado federal europeo, con un estado del bienestar básico para todos los ciudadanos y con una presión fiscal mínima garantizada en todo el territorio europeo (y que sea suficiente para mantener unos niveles adecuados de protección social). Mientras que no tengamos una Europa federal, seguiremos igualándonos a la baja. Sólo hace falta decir basta.
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